Entre tanto griterío de la derecha, está pasando desapercibido un aspecto regresivo del proyecto de ley de salud sexual, que recortaría los derechos de las mujeres embarazadas en grave riesgo para su vida y salud, para las que la interrupción voluntaria quedaría prohibida desde la semana 23 del embarazo y necesitarían en el tramo anterior más dictámenes previos que ahora.
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