La normativa europea impide que los Estados ayuden financieramente a la industria privada, pero en 2007 se aprobó una excepción que concedía una exención de impuestos a la industria del videojuego, que finalizaba justo este año, en enero de 2012.
Dentro de la UE, Reino Unido y Francia son los principales motores de este sector y por tanto los mayores afectados por esta normativa. Desde 2008 en Reino Unido ya no existen beneficios fiscal
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