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Desde que la Ley de Dependencia se aprobó, ya hubo alarmas sobre los recursos que se ponían a su disposición. Porque se veía que sin medios, la ley podría quedar vacía.
Posteriormente se fue abriendo el grifo y las competencia pasaron a las Comunidades Autónomas que recibieron recursos para poner en marcha la asistencia a los afectados.
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