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Por fin el Constitucional ha devuelto el sentido común a un Tribunal Supremo manejado por el gobierno, mediante su fiscalía, al que apoyaba el Partido Popular. La paranoia de prohibir todo lo que se menea en cuanto huela a batasuno, sin ir más lejos, ha sido frenada de momento. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio y no encuentra indicios para prohibir el derecho fundamental de representación.
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