SENTENCIA N°68

En Cuenca, a 19 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal nº 770/07 de desahucio y reclamación de rentas, promovidos a instancia de MM. J. M. M., representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Maria Jesús Porres del Moral y asistido por el Letrado Sr. De Ruiz Suarez, contra D. J. Y. P., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª Maria Jesús Porres del Moral, en nombre y representación de M. J. M. M., se interpuso demanda contra Dña. J. Y. P. en la que se ejercitaba acción  de desahucio por falta de pago de la renta, respecto de la vivienda sita en la calle XXXXXXX Nº 4 piso 1º A de Cuenca, que arrendó a la parte demandada, y  con base en el impago por el arrendatario de las mensualidades de renta  correspondientes desde el mes de agosto de 2.007,  así como acción de reclamación de la cantidad de 2.500 euros, mas 153,61 euros por gastos generales, correspondientes a las rentas debidas y gastos hasta la fecha de interposición de la demanda, así como las rentas que se devengaran con posterioridad de la demanda y hasta el efectivo desalojo de la vivienda arrendada. Todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, al demandado, citando a todas las partes a la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 4 de junio de 2008.

A la misma compareció la parte actora, no compareciendo el demandado, por lo que se le declaró en rebeldía. En la citada vista, la parte actora se ratificó en su demanda. Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso prueba documental y el interrogatorio del demandado. Todas ellas fueron  admitidas.

TERCERO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en los autos.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción de resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta y reclamación de rentas. En todo contrato de arrendamiento, ya se concierte verbalmente o de forma escrita, es obligación esencial del arrendatario la de pagar la renta o precio del arrendamiento en los términos convenidos con el arrendador, según se desprende del artículo 1.555 del Código Civil, y el incumplimiento de esta obligación determina que el arrendador pueda optar por el ejercicio de dos acciones distintas, bien la reclamación de rentas, o, en su caso, la resolución del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27,2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no exigiéndose para que se declare la resolución del contrato, como expresan las sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 31 de mayo y 13 de noviembre de 1985, que el incumplimiento contractual sea consecuencia de una persistente y tenaz resistencia por el arrendatario al cumplimiento de lo convenido, sino que es suficiente que tal incumplimiento se produzca, frustrando las legítimas expectativas del arrendador.

SEGUNDO.- En los presentes autos, acreditado por el demandante la existencia de contrato de arrendamiento (documento nº 3 de la demanda), y dado que el demandado ha reconocido en su interrogatorio no haber abonado diversas rentas, ya que no ha comparecido en el acto del juicio, debe declararse la resolución del contrato, habiendo lugar al desahucio sin más trámites.

TERCERO.-  Se reclama, por su impago, el importe de las rentas y gastos desde agosto de 2.007(documentos nº 4 y siguientes, que no han sido impugnados). Por tanto, la cuantía total de lo reclamado asciende a la cantidad de 2.653,61 euros.

No habiendo procedido el demandado a la acreditación del pago de las cantidades reclamadas, correspondiéndole al mismo la carga de probar dicho extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 L.E.C, procede condenarle a su abono.

En cuanto al pago de las rentas y gastos devengadas con posterioridad hasta el efectivo desalojo del inmueble arrendado, han de ser igualmente satisfechas al actor. En este sentido ha de citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1984, que estableció como excepción procesal la de que la pretensión y subsiguiente condena pueden contraerse a prestaciones vencidas y exigibles cuando de obligaciones de prestaciones periódicas se trate. Estamos hablando, pues, de prestaciones periódicas, que permiten sin duda la condena de presente a prestaciones futuras, y que recoge expresamente el art.220 L.E.C, consagrando lo que la jurisprudencia más reciente en la materia venía sosteniendo sobre la estimación de la pretensión de que se condene al arrendatario demandado al pago de las rentas vencidas hasta el momento de la recuperación de la posesión. 

CUARTO.- De conformidad con el art.394 de la L.E.C y dada la estimación íntegra de las pretensiones de la parte actora, procede la condena en costas de la parte demandada.

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª Maria Jesús Porres del Moral, en nombre y representación de MM. J. M. M.,  contra Dña. J. Y. P.:

1°.- Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en Julio de 2.007 sobre la vivienda sita en la calle XXXXXX nº 4,piso 1º A de Cuenca, habiendo lugar al desahucio por falta de pago de la renta, con apercibimiento de lanzamiento en caso de que el demandado no desaloje la finca; lanzamiento que se efectuará, si la presente resolución no se recurre y así lo solicita el demandante, en la fecha indicada en la providencia de 4 de abril de 2.008, esto es, el día 29 de julio de 2008 a las once horas.

2°.- Debo condenar y condeno al demandado a pagar al demandante la cantidad de 2653,61 euros en concepto de rentas y gastos vencidas y no pagadas, así como al abono de las rentas que se devenguen desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el efectivo desalojo del inmueble arrendado.

Se condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial, recurso que no se admitirá a trámite si, al prepararlo, no se acredita tener satisfechas o consignadas las rentas vencidas o las que vayan venciendo durante la sustanciación del recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 449.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

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Ayer, tras escribir el post anterior, estuve viendo la información que había en Internet sobre Juan G. Bedoya. La hay abundante, no por su faceta de periodista, sino por su faceta política. Hoy veo que Diego Contreras también hace referencia al artículo de Juan G. Bedoya y dice recordar que fue senador por el PSOE. Efectivamente, ahí va un resumen de su curriculum:

1945- Nace

Estudia Periodismo en la Universidad de Navarra

1973-1974 Profesor de Literatura en la Escuela Politécnica de Santander

1975-1980 Director de la “Hoja del Lunes” de Santander

1981-1982 Director del Curso “La cuestión regional” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

(Sin fecha) Redactor de Cultura del periódico “El País”. También ha desarrollado su actividad profesional en “El Correo Español” de Bilbao y en Televisión Española

Senador electo por Cantabria (PSOE)

• II Legislatura (28/10/1982 al 14/07/1986)
• III Legislatura (22/06/1986 al 02/09/1989)
• IV Legislatura (29/10/1989 al 13/04/1993)

Diputado regional del Parlamento de Cantabria (PSOE)

• I Legislatura durante el periodo 1983-1987
• II Legislatura durante el periodo 1987-1991

Presidente y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria (1983-1990), Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC-PSOE (1984-1991), y miembro del Comité Federal del PSOE (2000-2002). Ponente en el Senado de, entre otras muchas, las leyes Orgánica de Rectificación, ley de Televisión Privada y ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

“En septiembre de 2002 fue expulsado del PSC-PSOE tras dos años de públicos desencuentros con la dirección de su partido en Cantabria”.

En 2007 se implica en la creación de un partido de izquierdas en Cantabria, se presentan a las elecciones autonómicas y obtuvo 6.437 votos (1,87% de los votos) y al no alcanzar el 5% del total de los votos, no logró representación parlamentaria.

En una entrevista en el Faro de Cantabria, de la que sólo puedo recuperar lo puesto en un foro, afirma lo que titula este post: “Siempre estuve en la política, como periodista también hice política”. No tengo más que añadir, lo que Bedoya piensa del periodismo le define, quizá sería bueno que sus lectores supieran que en El País él hace política.

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¿Puede El País opinar de la Iglesia? Sí, claro. ¿Puede Pepe Blanco hacerlo? Sin duda.

Dicho esto, es del modo de las opiniones e informaciones de lo que me gustaría escribir.

1. La Iglesia como cortina de humo y como tema de agitación de la sociedad. Por ejemplo, ya al inicio de la anterior legislatura, una entente entre Prisa y Gobierno socialista utilizó las pseudo informaciones sobre la Iglesia para desviar la atención de temas de interés público. Se repite en esta legislatura: como no hay problemas económicos, como no existen los conflictos territoriales, como no hay terrorismo, como no se cuestiona el papel internacional de España, los altavoces mediáticos del socialismo y el Gobierno, se inventan problemas con los católicos españoles. De esa manera, tienen a sus seguidores entretenidos con conjuras vaticano-rouco-cañizares que desvían la atención sobre los problemas reales. La conjura judeo-masónica también le sirvió a Franco para justificar el aislamiento de España y la escasez de alimentos tras la guerra civil. Como rasgo del desprecio intelectual de la opinión pública, es bastante significativo del talante antidemocrático de ambos sistemas de comunicación.

2.- El uso de prejuicios y la falta de contraste con la realidad. Lo primero y casi lo único que se pide de una pieza periodística informativa es que haga referencia a un hecho verídico de interés público, actual y narrado con una disposición psicológica de objetividad. Ya sabemos que si pedimos estas características a la mayoría de las noticias y reportajes que se publican en este país nos sale un periódico de una página, pero pidamos al menos un par de características de las mencionadas para poder darle a algo el nombre de noticia. Por ejemplo, la información que Prisa suele dar de la Iglesia carece casi siempre del primer requisito: estoy recordando una noticia que dio la Ser hace unas semanas: un cura anciano de la catedral de Almería, cuando entraba una excursión de un centro de personas con síndrome de Down, le dijo a la señora responsable del grupo una serie de tonterías sobre la condición de esas personas. La Ser y los replicantes de la noticia “olvidaron” el detalle de completar la información: en cuanto el obispado se enteró, se disculpó públicamente y la señora aceptó públicamente las disculpas, lamentándose del eco mediático del asunto:

Al día siguiente, una vez aparece en los medios, el Obispado emite un comunicado disculpándose por lo ocurrido, y pidiendo comprensión para el cura, dada la avanzada edad del mismo, 84 años. Desde el Obispado confirman que “en 60 años como sacerdote, en las distintas Parroquias por las que ha pasado, no ha habido ni una sóla queja”, y que el hombre “lleva llorando desde ese día”.

Ahora, Josefina Soria, afirma que van a remitir un escrito al Obispado en el que se acepta dicha disculpa, y afirma que no se le “debería haber dado tanto bombo y platillo” al no tener “nada que ver con la Iglesia”

Lamentable, el mal ya está hecho. Sólo hace falta leer los comentarios a la noticia en la Ser y en los replicantes.

Esto responde simplemente a un deseo de Prisa y de cierta izquierda comecuras de instalar en el imaginario de la opinión pública una jerarquía malhumorada, antipática, cerril y montaraz. Y, claro, un cura de 84 años llorando no es adecuado para el cuadro.

Lo mismo ocurre con las pseudo noticias que se inventa Juan G. Bedoya de vez en cuando: se espera a una celebración cristiana, recoge lo que dicen Rouco y Cañizares y ya tenemos una nueva embestida del integrismo tridentino. Fíjate que ahora es noticia que un obispo diga que el matrimonio homosexual está mal, que el adoctrinamiento estatal también y, según el ABC de Toledo, que pida que

«en España se respete la auténtica libertad religiosa. Necesitamos libertad religiosa» y «también para los cristianos», añadió, «porque son muchos los insultos, los agravios y las ofensas que está recibiendo la Iglesia, y ante la pasividad de tantos no puede continuar esta situación».

Imagino que se refería a una mofa sobre la Virgen María que con dinero público había recorrido las calles de Toledo el día anterior. El ABC de Toledo añade en otra noticia sobre la cabalgata:

«Perdónales porque no saben lo que hacen», añadió, y demandó respeto para la libertad religiosa, convencido de que «son muchos los insultos, los agravios, son muchas las ofensas que está recibiendo la iglesia ante la pasividad de tantos y no puede continuar esta situación». Añadió que estas palabras no esconden «acritud» y responden al hecho de que «queremos a España y queremos a Toledo y ayer era agredida en su corazón con los insultos». A la misa asistió la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Emiliano García-Page, del PSOE.

La cabalgata fue organizada por la Concejalía de Cultura y el Teatro de Rojas de Toledo y la compañía que la puso en escena ha trabajado en otras ocasiones en Toledo sin ningún problema, -además, con espectáculos de calidad-, pero lo cierto es que el del sábado parece haber herido sensibilidades entre la ciudadanía y el clero. Fuentes del equipo de Gobierno municipal señalaron ayer a ABC que «no ha existido ánimo de ofender a nadie, ni maldad alguna», aunque reconocieron que «hay cosas que no nos han gustado de la cabalgata». Asimismo, subrayaron que «entendemos que al cardenal no le haya gustado».

Pero, otra vez, Prisa no entiende de matices ni le interesa el sentido de las palabras de Cañizares, sino montar una conjura Vaticano-Rouco-Cañizares, aunque las palabras de Cañizares fueran improvisadas, como demuestra el hecho de que la homilía colgada en Internet no tenga ninguna de estas expresiones. A Juan G. Bedoya cualquier cosa le viene bien para montar una conspiración de la jerarquía.

Como en ocasiones anteriores, a la voz de “vuelve Trento” responde algún cargo socialista para defendernos de la malvada conspiración. A veces, MTFDLV, otras Pepe Blanco, siempre Álvaro Cuesta (que lo suyo es pura afición al tema). Entonces, sale hoy, PB diciendo que su partido está “preocupado porque la disidencia del PP se extienda también a la Conferencia Episcopal Española”.

Hala, ya está. O sea, organizan un escandalito con expresiones buscadas aquí y allí, montan una conspiración para que la agredida parezca agresora y se abre la veda para que socialistas y neprogresistas la emprendan con la Iglesia.

Se les ve el plumero, como ya está estudiado en ambientes académicos. A continuación, un resumen de los protocolos de El País en estos casos, según lo estudiado por Mª José Pou Amérigo, profesora de la Universidad Cardenal Herrera CEU:

Cuando hay un problema real, el medio se convierte en tercero en discordia, y, cuando no lo hay, en su incitador.

(…)

Su actuación se estructura en tres fases y tres tipos de textos: el previo, el relato de ofensas y una conclusión, a modo de editorial.

El previo es un texto publicado antes del acontecimiento que prepara al lector. El relato de ofensas es el modo de contarle lo sucedido, interpretándolo como un episodio de la guerra que la Iglesia libra contra el Gobierno. La conclusión pasa siempre por la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado ante el Vaticano.

A esta secuencia repetida hay que añadir la consiguiente reacción de algunos dirigentes del PSOE que dan eco a los titulares y argumentos esgrimidos por El País. Con todo ello, la polémica está servida.

(…)

El País, además, utiliza las tácticas de la personalización y el fomento de la división.

La primera supone buscar un villano que, en tiempos de Felipe González, fue el cardenal Suquía, y ahora, los cardenales Rouco, Cañizares y García Gasco.

La segunda aplica el divide y vencerás, presentando a obispos dialogantes, como monseñor Blázquez, frente a los intolerantes ya mencionados.

Sólo falta que la opinión pública dé la espalda a tanta mala idea y tanta chapuza periodística.

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Rubalcaba asegura que el Gobierno no ampara las torturas a presuntos etarras · ELPAÍS.com

Mientras, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, ha considerado que esta resolución “merece todo el respeto” porque está aprobado por “la mayoría” de la Cámara vasca y es, por lo tanto, la expresión de lo que piensa la mayoría de esta sociedad.

En este país hemos llegado a tal grado de idiotez que se confunde la mayoría con la verdad. Bien es cierto que eso no lo ha empezado el PNV, esto tiene raíces muy largas y profundas que una buena asignatura de EpC podría desenredar y cortar.

¿Qué tiene que ver que haya o no torturas con que lo haya votado el Parlamento vasco por mayoría? Nada, evidentemente. Eso no se esclarece con una votación sino con una investigación judicial. Pero en este país, en el que se decide la verdad por mayoría, nos encontramos con que a partir de ahora sobran los tribunales y la presunción de inocencia, mientras tengamos la mitad más uno de diputados dispuestos a apretar el botón de votación en el escaño.

Nótese que a los etarras se les trata de presuntos y a los torturadores se les cuelga el sambenito sin juicio previo.

Los han elegido para diputados por cuatro años y se creen que deciden sobre la realidad. Es pavoroso.

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SENTENCIA Nº 61

En Cuenca, a 18 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal n° 38/08 dimanantes del procedimiento monitorio nº 576/07, promovidos a instancia de “XXXXXXXXX, EFC, S.A, representada por la procuradora Sra. Herraiz Calvo y asistida del letrado Sr. Seseña Palomar, contra D. J. R. G. B., representado por el procurador Sra. Elvira Lillo, y asistida del letrado Sr. González González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la procuradora Sra. Herraiz Calvo en representación de XXXXXXXXX EFC S.A, se presentó petición de  procedimiento monitorio contra D. J. R. G. B. en reclamación de la cantidad de 1627,24 euros acompañando certificación de deuda emitida por la propia acreedora.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se procedió por providencia  a requerir al deudor a fin de que, en el plazo de veinte días, pagara al peticionario o compareciera y alegara en escrito de oposición los motivos por los que entendía que no debía en todo o en parte la cantidad reclamada.

Por la procuradora Sra. Elvira Lillo en representación del demandado se presentó escrito por el que se opuso al procedimiento monitorio por los motivos que se invocan en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 818 L.E.C, se convocó a la celebración de vista para que tuviera lugar el día 13 de mayo de 2008, a la que fueron citadas las partes.

TERCERO.-  El día señalado se celebró la vista a la que comparecieron ambas partes.

En la vista, ambas partes se ratificaron en sus escritos y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental y el interrogatorio de parte y la parte demandada propuso el interrogatorio de la parte actora y documental, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Ejercita la parte actora acción de reclamación de la cantidad de 1627,24 euros como importe adeudado por el demandado en virtud del contrato de préstamo a través de tarjeta Alcampo.

Por su parte, el demandado niega la existencia de la deuda y alega la excepción de falta de legitimación activa y prescripción, que fue resuelta esta última en el acto de la vista.

SEGUNDO.- En el supuesto de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, correspondía a la parte actora acreditar la existencia del contrato de préstamo a través de tarjeta Alcampo del que deriva la deuda que es objeto de reclamación en el procedimiento monitorio; acreditación que ha tenido lugar por medio del documento aportado, acreditando asimismo que la hoy actora está subrogada por la anterior titular de la deuda; ahora bien ninguna actividad probatoria ha realizado la actora para acreditar la deuda pues solamente aporta una certificación creada por la propia actora, sin que haya sido corroborada por otro documento o prueba alguna; pues ni ha aportado recibos de uso de la propia tarjeta en los días que manifiesta se hizo uso, pues solo aporta la mentada certificación y sin que puede servir para probar la existencia de la deuda la citada certificación acompañada con la petición de procedimiento monitorio, que, además, fue impugnada por la parte demandada. Y ello por lo que se va a exponer a continuación.  La certificación expedida por la parte demandante sirvió como principio de prueba de la existencia de la deuda a fin de admitir la petición de procedimiento monitorio y requerir de pago al demandado. Ahora bien, presentada la oposición a la reclamación de cantidad se produjo la transformación del procedimiento monitorio en uno declarativo, verbal en este caso por razón de la cuantía. Y es, por tanto, en el procedimiento declarativo, transformado, en el que tanto la parte demandante como la parte demandada, deben alegar y probar los hechos en los que basan sus pretensiones. Por tanto, en el acto de la vista ninguna prueba ha aportado la actora en orden acreditar estos extremos.

Por otro lado, además de lo anterior, ningún valor probatorio tiene la certificación de la deuda aportada con la petición de procedimiento monitorio al tratarse de un documento creado unilateralmente por la parte actora que ha sido expresamente impugnado por la parte demandada.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dada la desestimación íntegra de la demanda, procede la condena en costas de la parte actora.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando la demanda presentada por XXXXXXXX EFC S.A contra D. J. R. G. B., debo absolver y absuelvo a éste de las pretensiones de la parte demandante.

Se condena en costas a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

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SENTENCIA N° 63

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal nº 776/07 de desahucio por precario, promovidos a instancia de Dª A. R. V. y A. I. R., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Maria Jose Martinez Herraiz y asistida por el Letrado Sr. Fernandez Culebras, contra D. P. R. M. Y R. R. M., declarados en rebeldía.

 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martinez Herraiz, en nombre y representación de A. R. V. y A. I. R. , se interpuso demanda contra los Hoy demandados en la que se ejercitaba acción  de desahucio por precario respecto de la vivienda sita en la calle XXXXXXXXX nº 49 de Cuenca. Todo ello con expresa condena en costas. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, al demandado, citando a todas las partes a la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 20 de mayo de 2008.

A la citada vista únicamente compareció la parte actora, pero no el demandado, que fue declarado en rebeldía.

En el acto de la vista el demandante se ratificó en su demanda solicitando el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental y el interrogatorio del demandado, siendo todas ellas admitidas.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción de desahucio por precario sobre la finca de su propiedad sita en la calle XXXXXXXX nº 49 de Cuenca y que viene siendo ocupada sin título alguno por los demandados.

SEGUNDO.-  La figura del precario, que aparece, según mayoritaria doctrina científica, encuadrada en el artículo 1.750 del Código Civil, no se refiere exclusivamente al contrato por el que el propietario de una cosa cede gratuitamente el uso de la misma a otra con la facultad de revocarlo a su arbitrio, sino que se extiende también a la posesión o detentación ostentada sin título que lo justifique y de forma gratuita; o como precisa el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 6 de abril de 1962 “una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto, la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto de un poseedor de peor derecho”. De ello de se induce que para la prosperabilidad de dicha acción de  precisan tres requisitos: la condición de propietario del demandante, identidad de la cosa objeto de desahucio y condición de precarista del demandado.

Evidentemente, al demandante le incumbe la prueba de la titularidad de la finca objeto del juicio y al demandado, la de que ocupa dicha finca no por mera liberalidad del propietario, sino en virtud de algún título suficiente para darle derecho a permanecer en la misma. 

TERCERO.-  En el supuesto de autos ha quedado acreditado que los demandantes son propietaria y usufructuaria de la vivienda sita en la calle XXXXXXXXX nº 49 de Cuenca (documento nº 2 de la demanda) y que dicho inmueble viene siendo ocupado por el demandado, al constar el emplazamiento del mismo realizado en dicha vivienda.

Sentado lo anterior y no habiendo acreditado el demandado, dada su situación de rebeldía, la existencia de un título suficiente que justifique su posesión, correspondiéndole a éste la carga de la prueba, procede la estimación de la demanda.

CUARTO.- De conformidad con el art.394 de la L.E.C y dada la estimación íntegra de las pretensiones de la parte actora, procede la condena en costas del demandado. 

FALLO 

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Maria Jose Martinez Herraiz, en nombre y representación de Doña A. R. V. y Doña A. I. R., contra D. P. R. M. y R. R. M., debo declarar y declaro haber lugar al desahucio por precario, condenando al demandado a estar y pasar por la anterior declaración y a que deje libre, expedita y a disposición de la actora la vivienda sita en Cuenca, Calle XXXXXXXXXX nº 49-A, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificase. Lanzamiento que se llevará acabo en la fecha que se acordó por providencia de 16 de abril de 2.008, esto es en fecha 24 de junio de 2.008, siempre que lo solicite la parte y no sea recurrida la presente resolución, con la expresa imposición de las costas devengadas. 

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Etiquetas: mercantiles

SENTENCIA N° 62

En Cuenca, a 18 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal nº 6/08 de desahucio y reclamación de rentas, promovidos a instancia de CXXXXXXXX S.L, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Carrasco Parrilla y asistido por el Letrado Sr. Saiz Batolomé, contra D. J. B. L., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de XXXXXXXX, se interpuso demanda contra D. J. B. L. en la que se ejercitaba acción  de desahucio por falta de pago de la renta, respecto de la vivienda sita en la calle XXXXXXX nº 8, 2º-B de Cuenca, que arrendó a la parte demandada, y  con base en el impago por el arrendatario de las mensualidades de renta  correspondientes a Noviembre y diciembre de 2.007, así como acción de reclamación de la cantidad de 344 euros, correspondientes a las rentas debidas hasta la fecha de interposición de la demanda así como las rentas que se devengaran con posterioridad de la demanda y hasta el efectivo desalojo de la vivienda arrendada. Todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, al demandado, citando a todas las partes a la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 20 de mayo de 2008.

A la misma compareció la parte actora, no compareciendo el demandado, por lo que se le declaró en rebeldía. En la citada vista, la parte actora se ratificó en su demanda. Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso prueba documental y el interrogatorio del demandado. Todas ellas fueron  admitidas.

TERCERO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en los autos.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción de resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta y reclamación de rentas. En todo contrato de arrendamiento, ya se concierte verbalmente o de forma escrita, es obligación esencial del arrendatario la de pagar la renta o precio del arrendamiento en los términos convenidos con el arrendador, según se desprende del artículo 1.555 del Código Civil, y el incumplimiento de esta obligación determina que el arrendador pueda optar por el ejercicio de dos acciones distintas, bien la reclamación de rentas, o, en su caso, la resolución del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27,2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no exigiéndose para que se declare la resolución del contrato, como expresan las sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 31 de mayo y 13 de noviembre de 1985, que el incumplimiento contractual sea consecuencia de una persistente y tenaz resistencia por el arrendatario al cumplimiento de lo convenido, sino que es suficiente que tal incumplimiento se produzca, frustrando las legítimas expectativas del arrendador.

SEGUNDO.- En los presentes autos, acreditado por el demandante la existencia de contrato de arrendamiento (documento nº 1 de la demanda), y dado que el demandado ha reconocido en su interrogatorio no haber abonado diversas rentas, ya que no ha comparecido en el acto del juicio, debe declararse la resolución del contrato, habiendo lugar al desahucio sin más trámites.

TERCERO.-  Se reclama, por su impago, el importe de las rentas de noviembre y diciembre de 2.007(documentos nº 2 y 3, que no han sido impugnados). Por tanto, la cuantía total de lo reclamado asciende a la cantidad de 344 euros.

No habiendo procedido el demandado a la acreditación del pago de las cantidades reclamadas, correspondiéndole al mismo la carga de probar dicho extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 L.E.C, procede condenarle a su abono.

En cuanto al pago de las rentas devengadas con posterioridad hasta el efectivo desalojo del inmueble arrendado, han de ser igualmente satisfechas al actor. En este sentido ha de citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1984, que estableció como excepción procesal la de que la pretensión y subsiguiente condena pueden contraerse a prestaciones vencidas y exigibles cuando de obligaciones de prestaciones periódicas se trate. Estamos hablando, pues, de prestaciones periódicas, que permiten sin duda la condena de presente a prestaciones futuras, y que recoge expresamente el art.220 L.E.C, consagrando lo que la jurisprudencia más reciente en la materia venía sosteniendo sobre la estimación de la pretensión de que se condene al arrendatario demandado al pago de las rentas vencidas hasta el momento de la recuperación de la posesión. 

CUARTO.- De conformidad con el art.394 de la L.E.C y dada la estimación íntegra de las pretensiones de la parte actora, procede la condena en costas de la parte demandada.

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de XXXXXXXX S.L,  contra D. J. B. L.:

1°.- Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en enero de 2.003 sobre la vivienda sita en la calle XXXXXXXX nº 8,2º-B de Cuenca, habiendo lugar al desahucio por falta de pago de la renta, con apercibimiento de lanzamiento en caso de que el demandado no desaloje la finca; lanzamiento que se efectuará, si la presente resolución no se recurre y así lo solicita el demandante, en la fecha indicada en la providencia de 16 de abril de 2.008, esto es, el día 23 de junio de 2008 a las once horas.

2°.- Debo condenar y condeno al demandado a pagar al demandante la cantidad de 344 euros en concepto de rentas vencidas y no pagadas, así como al abono de las rentas que se devenguen desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el efectivo desalojo del inmueble arrendado.

Se condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial, recurso que no se admitirá a trámite si, al prepararlo, no se acredita tener satisfechas o consignadas las rentas vencidas o las que vayan venciendo durante la sustanciación del recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 449.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

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SENTENCIA Nº 65

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo n° 163/08, promovidos a instancia de D. XXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXX, representados por el Procurador de los Tribunales Dña. Mercedes Carrasco Parrilla.

 ANTECEDENTES DE HECHO

SEGUNDO.- Admitida la demanda, los cónyuges se ratificaron a presencia judicial en su petición de divorcio.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO.- A la vista de la especial naturaleza de los procedimientos sobre familia no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Que estimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Doña Mercedes Carrasco Parrilla, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por D. XXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXX. Sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

Etiquetas: mercantiles

SENTENCIA Nº 64

En Cuenca, 18 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de esta ciudad, los presentes autos de incapacitación nº 624/07 promovidos a instancia del Ministerio Fiscal contra Dª M. M. O.,  asistida por EL defensor judicial D. M. M. P., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se presentó demanda promoviendo la  incapacitación de Dª M. M. O. por estar afectada por una enfermedad que le impide gobernar su persona y bienes.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que contestara en el plazo de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se presentara contestación se nombró como defensor judicial a D. M. M. P., a la que se emplazó para que contestara a la demanda en veinte días; plazo que transcurrió sin que se presentara contestación por lo que se la declaró en rebeldía.

TERCERO.- Por providencia se señaló la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 10 de junio de 2008, citándose a las partes. Con antelación a la celebración de la vista se practicó el reconocimiento judicial y forense de la presunta incapaz.

El día señalado se celebró la vista, en la que se practicó como prueba la audiencia de D. M. M. P.  y M. T. M. P.  y A. M. P.  como parientes más próximos de la demandada. Tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal interesó la declaración de incapacidad de la demandada, así como con que se nombrara tutor de la misma a D. M. M. P..

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La incapacitación es el estado civil de la persona física, declarado judicialmente cuando concurra alguna de las causas legalmente tipificadas y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y la consiguiente sumisión a tutela.

Como estado civil limitativo de derechos, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989 y 20 de marzo de 1991). Lo que significa que como principio general debe reputarse capaz a toda persona, mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (SSTS de 26 de mayo de 1969, 1 de febrero de 1976 y 10 de febrero de 1986), y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de alguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 200 del Código Civil, es decir, cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica, siempre que sea persistente y que impida a la persona gobernarse por sí misma.

La nota de la persistencia concurre no sólo cuando la enfermedad o deficiencia es irreversible sino también cuando aun siendo probablemente curable no pueda preverse el tiempo de la curación. Tampoco es preciso que la anomalía se manifieste de manera permanente, como ocurre en el caso de las enfermedades mentales cíclicas. Es indiferente también que la causa de incapacitación dimane de alteraciones o deficiencias psíquicas o físicas, siempre que éstas perturben el entendimiento y la voluntad y ocasionen en la persona la imposibilidad del propio gobierno, es decir, que no le permitan atender a su propio cuidado o al de sus bienes.

SEGUNDO.- La prueba practicada en el juicio, y especialmente el dictamen emitido por el Médico-Forense de fecha 26 de febrero de 2008, pone de manifiesto que Dª M. presenta un cuadro de perdida de agudeza visual binocular grave secundaria a distrofia retiniana de etiologia degenerativa que es cronica e irreversible. Dicha enfermedad, le inhabilita para realizar los actos más elementales de la vida diaria, afectando la incapacidad al control de su persona y bienes tanto en su faceta de administración como de disposición. Por ello procede su incapacitación de conformidad con el art. 200 C.C y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo procede su incapacitación para ejercer el derecho de sufragio conforme al art.3.1.b de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General.

TERCERO.- Conforme al art. 760.1 L.E.C, el incapaz será sometido a tutela. En el presente caso procede el nombramiento como tutor de D. M. M. P. en beneficio de la propia incapaz y por ser la persona más idónea para el ejercicio del cargo, abriéndose expediente separado para todo lo relativo a la tutela y relevando al tutor del establecimiento de fianza.

CUARTO.- Atendiendo a la naturaleza especial del presente procedimiento no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Misterio Fiscal debo declarar y declaro la incapacidad total de D. M. M. O. tanto para el cuidado de su persona como para la administración y disposición de sus bienes, así como para el derecho de sufragio, debiendo ser sometido al régimen tutelar. Se nombra tutor de la incapaz a D. M. M. P..

No cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Una vez firme esta resolución, líbrese exhorto al Juzgado encargado del Registro Civil donde conste el nacimiento del incapaz para la anotación de esta sentencia en el acta de inscripción de nacimiento.

Líbrese oficio a la Oficina del Censo Electoral acompañando testimonio de la sentencia para dar de baja a D. M. M. O. de la lista del censo electoral.

Ábrase expediente de tutela con testimonio de esta resolución citando al tutor D. M. M. P. para que acepte el cargo  y presente inventario de bienes del incapaz.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

Etiquetas: mercantiles

SENTENCIA Nº66

En Cuenca, 18 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de esta ciudad, los presentes autos de incapacitación nº 608/07 promovidos a instancia del Ministerio Fiscal contra Dª T. M. J.,  asistida por EL defensor judicial D. P. T. M., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se presentó demanda promoviendo la  incapacitación de Dª T. M. J. por estar afectada por una enfermedad que le impide gobernar su persona y bienes.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que contestara en el plazo de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se presentara contestación se nombró como defensor judicial a D. P. T. M., a la que se emplazó para que contestara a la demanda en veinte días; plazo que transcurrió sin que se presentara contestación por lo que se la declaró en rebeldía.

TERCERO.- Por providencia se señaló la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 3 de junio de 2008, citándose a las partes. Con antelación a la celebración de la vista se practicó el reconocimiento judicial y forense de la presunta incapaz.

El día señalado se celebró la vista, en la que se practicó como prueba la audiencia de D. P. T. M. y D. J. T. D. como parientes más próximos de la demandada. Tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal interesó la declaración de incapacidad de la demandada, así como con que se nombrara tutor de la misma a D. P. T. M. y que se ratificara el internamiento acordado como medida cautelar.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La incapacitación es el estado civil de la persona física, declarado judicialmente cuando concurra alguna de las causas legalmente tipificadas y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y la consiguiente sumisión a tutela.

Como estado civil limitativo de derechos, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989 y 20 de marzo de 1991). Lo que significa que como principio general debe reputarse capaz a toda persona, mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (SSTS de 26 de mayo de 1969, 1 de febrero de 1976 y 10 de febrero de 1986), y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de alguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 200 del Código Civil, es decir, cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica, siempre que sea persistente y que impida a la persona gobernarse por sí misma.

La nota de la persistencia concurre no sólo cuando la enfermedad o deficiencia es irreversible sino también cuando aun siendo probablemente curable no pueda preverse el tiempo de la curación. Tampoco es preciso que la anomalía se manifieste de manera permanente, como ocurre en el caso de las enfermedades mentales cíclicas. Es indiferente también que la causa de incapacitación dimane de alteraciones o deficiencias psíquicas o físicas, siempre que éstas perturben el entendimiento y la voluntad y ocasionen en la persona la imposibilidad del propio gobierno, es decir, que no le permitan atender a su propio cuidado o al de sus bienes.

SEGUNDO.- La prueba practicada en el juicio, y especialmente el dictamen emitido por el Médico-Forense de fecha 26 de octubre de 2007, pone de manifiesto que Dª T. presenta una demencia severa tipo alzheimer que es crónica e irreversible. Dicha enfermedad, le inhabilita para realizar los actos más elementales de la vida diaria, afectando la incapacidad al control de su persona y bienes tanto en su faceta de administración como de disposición. Por ello procede su incapacitación de conformidad con el art. 200 C.C y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo procede su incapacitación para ejercer el derecho de sufragio conforme al art.3.1.b de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General.

TERCERO.- Conforme al art. 760.1 L.E.C, el incapaz será sometido a tutela. En el presente caso procede el nombramiento como tutor de D. P. T. M. en beneficio de la propia incapaz y por ser la persona más idónea para el ejercicio del cargo, abriéndose expediente separado para todo lo relativo a la tutela y relevando al tutor del establecimiento de fianza.

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, persistiendo los motivos que determinaron que se acordara como medida cautelar el internamiento no voluntario de la incapaz, procede el mantenimiento de dicha medida.

QUINTO.- Atendiendo a la naturaleza especial del presente procedimiento no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Misterio Fiscal debo declarar y declaro la incapacidad total de Dª T. M. J. tanto para el cuidado de su persona como para la administración y disposición de sus bienes, así como para el derecho de sufragio, debiendo ser sometido al régimen tutelar. Se nombra tutor de la incapaz a D. P. T. M..

Se autoriza el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico de la incapaz en la Residencia de Mayores Villaroman de Cuenca.

Los facultativos que atiendan a Doña T. deberán informar cada seis meses a este tribunal sobre la necesidad de mantener la medida de internamiento, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Además deberán comunicar a este Juzgado el alta del enfermo cuando consideren que no es necesario mantener el internamiento.

No cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Una vez firme esta resolución, líbrese exhorto al Juzgado encargado del Registro Civil donde conste el nacimiento del incapaz para la anotación de esta sentencia en el acta de inscripción de nacimiento.

Líbrese oficio a la Oficina del Censo Electoral acompañando testimonio de la sentencia para dar de baja a Dª T. M. J. de la lista del censo electoral.

Ábrase expediente de tutela con testimonio de esta resolución citando al tutor D. P. T. M. para que acepte el cargo  y presente inventario de bienes del incapaz.

Así lo acuerdo y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

Etiquetas: mercantiles