Como adelanté en la primera parte del grupo de post dedicados a la fiscalidad del comercio electrónico, de ella se deriva toda una problemática que conviene analizar detenidamente.

La casuística que podemos encontrar en esta materia es enorme, ya que cuando hablamos de “tributación”, no queremos mencionar únicamente el IVA u otros impuestos indirectos. Al contrario de lo que pueda parecer, también hay que analizar la imposición directa que afecta de forma considerable a este tipo de comercio.

Los principales problemas que atañen al comercio electrónico, desde una perspectiva fiscal, pueden reconducirse a uno solo: la disminución de la recaudación. Por este motivo, los estados y las organizaciones internacionales y supranacionales como la Unión Europea, han mostrado su preocupación por el empleo de las nuevas tecnologías de la información en las relaciones comerciales, especialmente en el ámbito internacional, que puede implicar una bajada en la recaudación de los tributos, debido, fundamentalmente, a los problemas de calificación de las rentas obtenidas y de las operaciones que se llevan a cabo en el comercio electrónico, a las dificultades en la localización de las actividades comerciales en un entorno telemático y, finalmente, a los problemas que se encuentran las Administraciones Tributarias para controlar las transacciones comerciales electrónicas y luchar contra el fraude en este terreno.

Estas cuestiones tributarias conflictivas afectan, principalmente, al IRPF, al IS, al IRNR y al IVA, aunque también inciden, desde luego, sobre otros tributos (por ejemplo, el ITP, los II.EE., los impuestos que recaen sobre el comercio exterior), siendo en los primeros donde se producen, hoy en día, los problemas más relevantes.

En relación con los medios de pago electrónicos, se cuestiona también por parte de la doctrina la aplicación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) a los documentos electrónicos, e incluso la propia existencia de dicho tributo.

Como consecuencia de todo ello, la Administración española realizó en octubre de 2000 el “Informe de la Comisión para el estudio del impacto del comercio Electrónico en la fiscalidad española”, en donde se examinaron las dificultades y oportunidades asociadas al comercio electrónico, formulando 231 recomendaciones a efectos de adecuar la normativa fiscal a la nueva realidad económica.

A nivel internacional, han ido surgiendo distintas corrientes de opiniones: los que consideran que el comercio electrónico debe ser “un espacio libre de impuestos“, frente a los que proponen que debe estar grabado por sus correspondientes ingresos, bien mediante la cración de nuevas figuras tributarias que graven estas operaciones, o bien, mediante la adaptación de la actual normativa fiscal.

Dentro de los que propugnan gravar las operaciones de comercio electrónico encontramos incluso los que abogan por la creación de una figura un tanto polémica y absurda: el “Bit Tax“, que gravaría las transmisiones electrónicas, no por su contenido, sino por cada impulso electrónico o informático.

Dentro de la imposición indirecta, uno de los principales problemas viene de la mano de la figura del establecimiento permanente, que, con la aparición del comercio electrónico ha empezado a tambalearse y a exigir nuevos replanteamientos en torno a esta figura, por cuanto su existencia determina el derecho a gravar los beneficios obtenidos por una empresa en un Estado distinto al de su residencia.

Otros de los problema que surgen en esta materia es el de la localización de las rentas, que surge como consecuencia de la concurrencia de criterios de sujeción personales (la residencia) y criterios de sujeción reales (el territorio).

Otros temas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la tributación de la imposición directa dentro del Comercio Electrónico son:

• La posible calificación de las rentas obtenidas como cánones.



• Las distintas operaciones con o por personas residentes en paraísos fiscales.



• La aplicación de precios de transferencia en las transacciones llevadas a cabo.



• etc.

En un próximo tercer post, analizaré la tributación de la imposición indirecta del comecio electrónico, que es la que más casuística presenta y, consiguientemente, más dificultades a la hora de aplicarla.

En más de una ocasión me han planteado impartir un curso sobre la fiscalidad del Comercio Electrónico, y en todas ellas, mi respuesta ha sido la misma: ¿Cuantos días de duración tendría el curso?

Es fácil imaginar la cara del oferente ante mi respuesta, máxime cuando la mayoría de las personas piensan que una tarde es más que suficiente para analizar la fiscalidad de este tipo de operaciones.

¿Por qué entonces un curso sobre esta materia necesita tantas horas de impartición?

La respuesta es bien sencilla. En primer lugar hay que analizar el concepto de Comercio Electrónico, que no es (como muchos creen) comprar y vender productos electrónicos que circulan a través de Internet, sino que precisa de unas matizaciones que lo delimitan. Habría también que hablar de los distintos Impuestos a los que podrían quedar sujetas las operaciones de comercio electrónico y, por último, cuando hablemos de fiscalidad indirecta, tendríamos incluso que delimitar cada una de las distintas operaciones, dependiendo de la materialidad del bien y del régimen fiscal aplicable en función de la localización de las operaciones. Ello requiere, además, la participación de expertos en materias impositivas tan diferentes como pueden ser, operaciones interiores, operaciones de comecio internacional y también, operaciones intracomunitarias..

Empecemos por definir el comercio electrónico como “cualquier forma de transacción comercial en la que un suministrador provee de bienes y servicios a un cliente a cambio de un pago, y donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo“.

De la propia definición se deduce que Internet es el canal que se utiliza para la realización de la transacción, independientemente de que el producto sea un bien material o uno intangible y de que el mismo circule por los canales tradicionales por por vía electrónica. Así por ejemplo, comprar un vehículo a través de un portal web, sería una operación de comercio electrónico, aunque el bien nos lo hagan llegar a través de un transporte tradicional.

Con esta premisa, podríamos establecer diferentes clasificaciones del comercio electrónico atendiendo distintas consideraciones:

En función de las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes que participan en la relación, y éstos son: las empresas, las administraciones públicas, los usuarios finales y los propios empleados de las empresas:

• Entre empresas (B2B) o business to business, por ejemplo de proveedor a empresa productora o de empresa productora a distribuidora. En esta tipología de negocio no se establece contacto con el usuario o cliente final del producto.
• Entre empresa y consumidor (B2C) o business to consumer. Se trata de un comercio electrónico minorista entre empresas y clientes. A través de B2C se realizan ventas de productos y servicios a consumidores no empresariales y define el tipo de intercambio comercial que se establece entre la empresa y el usuario final del producto.
• Entre empresa y empleados (B2E) o business to Employees. Las ventas se suelen realizar a través del Web site corporativo o desde las páginas de la intranet de acceso restringido a los empleados.
• Entre empresa y Administración (B2A) o business to administration.
• Entre empresa y Gobierno (B2G) o business to government.
• Entre Administración y ciudadano (A2C) o administration to citizen.
• Entre ciudadanos (C2C) o citizen to citizen, también conocida como P2P (peer to peer).

Y como variantes de las anteriores aparecen operaciones más complejas, como pueden ser:

• Comercio electrónico con empresas y clientes (B2B2C) o Business to Business to Consumer.

Segúnla el canal por que se va a interactuar:

• e-Commerce o Electronic Commerce, es decir, el comercio electrónico puro, entendido en sentido amplio, aunque normalmente este concepto se asocia al que se realiza a través de un PC.
• m-Commerce o Movile Commerce, que es el comercio electrónico realizado a través de dispositivos móviles, que está empezando a desafiar el dominio del PC como medio principal para el comercio electrónico.
• T-Commerce o Television Commerce, que es una nueva fórmula de comercio electrónico que aún no tiene muchos usuarios pero cuyas previsiones apuntan a que en los próximos años se popularice enormemente, y es el comercio electrónico basado en la televisión como medio de acceder a ese mercado.

Por último, cabría diferenciar el comercio electrónico en función del tipo de operación que se va a efectuar:

• Comercio Electrónico Indirecto o también Comercio Electrónico Off Line, que comprende la contratación por vía electrónica de prestaciones que consisten en la entrega de bienes materiales o tangibles o de servicios no prestados por vía electrónica. Equivale a la modalidad de contratación recogida en la Ley de Comercio Minorista, la denominada venta a distancia, donde la transmisión de oferta se realiza por cualquier medio de comunicación organizado por el vendedor.
• Comercio Electrónico Directo o Comercio Electrónico On Line, que en este caso recoge los servicios prestados por medios electrónicos, e incluiría tanto los servicios como los productos en formato digitalizado. La oferta y aceptación del producto se realiza en su totalidad por medios electrónicos (Internet, teléfonos móviles, PDA’s,…)

Analizadas las distintas clasificaciones podemos concretar que ninguna de ellas se ajusta la terminología que emplea la normativa fiscal. No existe el término comercio electrónico en el sistema tributario español, lo que no significa que este tipo de operaciones no vayan a tributar. Muy al contrario, todas las posibles operaciones están perfectamente reguladas, aunque bajo distintas consideraciones de las que normalmente empleamos cuando nos referimos al comercio electrónico. En un próximo post analizaré la tributación desde las distintas modalidades impositivas.

La Confederación de Empresarios de Andalucía en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, ha elaborado un Manual sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en las empresas.

Este manual está disponible en la web de la CEA, y ha sido elaborado en Flash, mostrándose en pantalla como si de un libro tradicional se tratara, e incluye los siguientes apartados:

• Inicio
• LOPD
• LSSI
• LOPD y Comercio Electrónico
• Glosario
• Enlaces
• Descargas, y
• Mapa Web

Aparentemente parece un manual bastante bueno y práctico, sin embargo, aunque en la propia portada de la web de la CEA se muestra como algo novedoso, al analizar el contenido del mismo, tanto en la opción de Normativa de la LOPD, como en la de descargas, compruebo que el manual habla del Real Decreto 994/1999, que como recordaréis es el antiguo Reglamento de Medidas de Seguridad que ha sido sustituido por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (B.O.E. del 19 de enero de 2008).

Asimismo, echo en falta referencias a algunas normas más actuales como la Ley 56/2007, de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información o el Real Decreto 103/2008, que modifica el Real Decreto 225/2006,que regula algunos aspectos relativos a las ventas a distancia.

Es una pena que un manual de calidad como éste se ofrezca al público ya desfasado…