Corte Suprema preocupada por dichos de parlamentarios UDI. Tras arremeter contra la jueza que investiga el caso Woorward.

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[Leslie Ayala] Santiago, Chile. Máximo tribunal brindó apoyo a jueza Eliana Quezada por la declaración de 13 diputados de la Alianza que descalificaron su labor, luego de procesamientos dictados en esta causa de derechos humanos. Los ministros hicieron un llamado a respetar la jurisdicción e independencia del actuar de los jueces.
"No se puede denostar a los jueces porque fallen de

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Es práctica habitual y lógica en la ciencia médica diagnosticar las enfermedades a través de sus síntomas, pero igualmente resulta habitual siendo menos lógica en la sociología hispana la práctica de confundir los síntomas con los problemas mismos. Así de forma periódica se habla desde los medios de comunicación y desde el poder de que el problema de la justicia en España es la lentitud y el atasco judicial, cuando realmente tal atasco y tal lentitud son simples síntomas de un cúmulo de problemas que minan, desde hace décadas, a la administración de justicia en nuestro país.

El primer problema y que resulta consustancial en la administración de justicia española es la total ausencia, salvo contadas y honradas excepciones, de vocación profesional entre los jueces no siendo la inmensa mayoría de ellos juristas, sino simples licenciados en derecho que tienen por objetivo vital ser altos funcionarios del estado y tener un sueldo fijo cada mes por ello, desde el momento de terminar sus estudios en la universidad, se dedican a opositar y muchos de ellos al no poder conseguir ser funcionarios de la máxima escala administrativa siguen opositando descendiendo en el escalafón hasta conseguir al menos ser agentes judiciales, siendo el ejercicio libre de la profesión de abogado su última y desesperada opción.

El segundo problema, también consustancial, es el carácter con el que los funcionarios de justicia entienden su trabajo y que en su momento sintetizó muy bien Larra en su artículo “vuelva usted mañana”. Así el horario de trabajo del funcionario es extremadamente flexible, se supone que entra a trabajar a las 9.00 de la mañana, pero muchos llegan más tarde, luego tienen un tiempo para almorzar que tiende a extenderse más de lo fijado en los convenios laborales suscritos y finalmente tienen unos periodos vacacionales extremadamente raros pues fijándose en general el mes de Agosto como inhábil a efectos judiciales, la mayoría de funcionarios de justicia se toman el mencionado mes veraniego y con posterioridad muchos de ellos se toman días libres, o incluso periodos enteros, lo que, teniendo en cuenta que cada funcionario lleva un determinado número de asuntos y que si él no esta el asunto no se mueve, ni se provee y ni siquiera se puede ver; se puede hacer el lector una idea del perjuicio que tal práctica generalizada ocasiona a la administración de justicia.

Otro problema, este más bien de formación ciudadana y que solo con la debida educación del ciudadano se solucionará, es que la administración de justicia es un servicio público y como tal ha de ser utilizado por los ciudadanos con racionalidad no abusando de él. Siendo España un país donde se pleitea por las cosas más nimias y aún sin derecho o con ninguna posibilidad de que el pleito prospere, son miles de demandas, denuncias o querellas las que llegan diariamente a los organismos judiciales atascándolos pues a todas ellas hay que proveer aunque solo sea para acordar su archivo. En este sentido hay que señalar que no es ajeno a este furor querulante los poderes ejecutivo y legislativo que tienden cada vez más a judicializar numerosos aspectos de la vida ciudadana llegando incluso a la peligrosa vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal.

Un cuarto problema de la justicia en España, es la escasez de medios adecuados porque, entre otros motivos, la inmensa mayoría de los dineros presupuestados para la administración de justicia se los llevan los alquileres de los inmuebles donde radican muchos juzgados y el pago del personal funcionarial al que se le dota poco y mal de medios técnicos avanzados, siendo posible, como lo es en la actualidad que todos los órganos de la administración estén conectados entre sí por redes informáticas de fácil manejo que permitieran un rápido intercambio de información sustancial para la feliz resolución de los procesos.

A todos estos problemas indicados también se une que las leyes procesales vigentes en nuestro país permiten en gran medida que sea el demandando o el denunciado, es decir la persona a la que más le interesa que el proceso sea interminable, quién tenga la iniciativa procesal pudiendo actuar de numerosas y diversas maneras para dilatar el procedimiento hasta el aburrimiento de la otra parte.

Finalmente no se puede terminar de hablar de la administración de justicia en España sin reivindicar la figura del abogado de oficio pues, estando las cosas como están y que son como arriba se han descrito, hay que afirmar que es el abogado de oficio el personaje sobre el que descansa en último término el funcionamiento de la justicia porque siendo su intervención elevada en numerosos procedimientos de las jurisdicciones civil y laboral es en las jurisdicciones penal y administrativa donde su participación es total en prácticamente todos los procedimientos. Es el abogado de oficio quien, sin coste alguno para el justiciable al que defiende, dinamiza los procesos acudiendo con asiduidad a la oficina judicial a preguntar por el estado de la tramitación de los procedimientos haciendo de este modo que los temas vayan más rápidos, es el abogado de oficio quien, por un módico coste para el estado o para las administraciones autonómicas, vigila que las leyes se apliquen sin vulneración de ninguna garantía y finalmente es el abogado de oficio quien no solo pone sus conocimientos al servicio del ciudadano, sino que además les financia en cierto modo los procedimientos pagando de su bolsillo unas infraestructuras (teléfono, fax, luz, despacho…) y unos consumibles (tinta, papel, toner…) por los que recibirá en el futuro unas “compensaciones” económicas que en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, les comienzan a ser regateadas asemejándolos a aquellos soldados de los Tercios a los que las soldadas les llegaban siempre tarde y rebajadas si es que les llegaban. Tan importante es la figura del abogado de oficio tal y como está establecida actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en el sistema actual de justicia gratuita que pudiéndose y debiéndose afirmar que la justicia en España funciona mal, sin la figura del abogado de oficio, simplemente no funcionaría.

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La Nación 

Viernes 16 de mayo de 2008   

 Por Jorge Escalante  

El único procesado, jefe del Estadio Chile, fue ubicado en 2004 por otro magistrado

 El ministro Juan Fuentes Belmar fracasó en la tarea de ubicar a los oficiales que lo torturaron y al autor material de los disparos que le dieron muerte. La Corte podría ordenar al juez que reabra las indagaciones.

 Foto: El crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973, podría quedar impune si la Corte Suprema no ordena reabrir las indagatorias, como lo solicitará la parte querellante. Foto: Archivo La Nación

Con apenas un procesado, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró el sumario (fase indagatoria) del juicio que se instruye por el crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973.

Sin embargo, es probable que la Corte de Apelaciones obligue al magistrado a reabrir la investigación, pues la parte querellante apelará por el cierre.

La viuda, Joan Jara, se mostró ayer "impactada" por la decisión de Fuentes, mientras el abogado querellante Nelson Caucoto expresó que aún falta por identificar a otros oficiales que participaron en las torturas y posterior asesinato del mítico artista, como también al autor material del crimen. (Ver página 34).

En el ambiente judicial creció ayer la convicción sobre la falta de profundidad y dedicación del ministro Fuentes para indagar los crímenes de lesa humanidad en las causas que tiene en sus manos, actitud que los querellantes le han imputado también en otros procesos.

Una alta fuente de tribunales comentó ayer que "si esto lo tuviera el ministro Víctor Montiglio, ya habría identificado hasta el gato que se paseaba por el techo del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara".

El único encausado es hasta ahora en calidad de autor (no material) es el coronel (R) de Ejército Mario Manríquez Bravo, que era el comandante del Estadio Chile cuando fue usado como centro de detención en las horas posteriores al golpe de Estado de 1973. No obstante, el procesamiento fue dictado en diciembre de 2004 por el juez Juan Carlos Urrutia, quien tenía entonces la investigación a su cargo.

Si bien en ese recinto hubo varios oficiales jóvenes que se ensañaron con los detenidos y en especial con Víctor Jara, el ministro Fuentes no logró identificar a ninguno, a pesar de numerosos testigos que le han aportado información.

Entre los que falta por conocer y detener es al oficial apodado "El Príncipe" que, de acuerdo a prisioneros sobrevivientes, habría sido quien mató a Víctor Jara disparándole varios tiros. Se sospechó que este podría ser el oficial retirado Edwin Dimter Bianchi, pero Fuentes Belmar no pudo acreditarlo.

CONTRERAS V/S ESPINOZA

En otro plano, producto de las rencillas internas al interior del Penal Cordillera entre el ex jefe de la DINA Manuel Contreras y el segundo Pedro Espinoza Bravo, el Mamo acusó a Espinoza de ser el autor de la muerte del cantautor, pero Espinoza lo negó y replicó a Contreras imputándole otros delitos. La rencilla por estas acusaciones cruzadas fue publicada por LND el 24 de junio de 2007.

Víctor Jara fue detenido junto a otras personas el 12 de septiembre de 1973 al interior de la Universidad Técnica del Estado en Estación Central, y conducido al Estadio Chile que hoy lleva su nombre. Allí sufrió el odio de sus represores al saber de quién se trataba.

Luego de ser literalmente masacrado según quienes lo vieron y han declarado en la causa, entre el 15 o 16 de septiembre de ese año lo mataron con varios tiros y su cuerpo fue abandonado junto a otros cinco cadáveres cerca del Cementerio Metropolitano.

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Polemico fallo de Oyarbide en una causa por talleres clandestinos
"Explotación, esa “costumbre ancestral”
El juez sobreseyó a los responsables de una empresa de indumentaria que contrataba talleres con inmigrantes indocumentados. Argumentó que ese sistema de explotación sería herencia de “pautas culturales de pueblos originarios”. Indignación del cónsul de Bolivia.

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Remitido por nuestros amigos de Nodo50, contrainformación en red

Patxi Ibarrondo, director del desaparecido semanario "LA REALIDAD", se encuentra en la “indigencia”. La ejecución provisional de una sentencia que le condenó en 2001 por “mancillar” el honor del entonces secretario general del Partido Popular cántabro, diputado autonómico, y presidente de Caja Cantabria, Carlos Sáiz,(1) ha llegado hasta el embargo de la cuenta bancaria donde se le ingresa la pensión de invalidez.
Un episodio más del desequilibrio entre los derechos al honor y a la información, que amenaza

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Los firmantes de este comunicado somos los cuatro periodistas españoles que testificamos en su día ante la Audiencia Nacional en la causa abierta por la muerte de José Couso. Los cuatro nos encontrábamos en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003, en el momento en que un proyectil disparado desde un carro de combate del ejército de los Estados Unidos acabó con la vida de Couso y del cámara de la agencia Reuters, Taras Protsyuk. Dejando claro el máximo respeto que nos merece la Audiencia Nacional, nos vemos obligados a emitir este comunicado por la utilización, a nuestro juicio, profundamente inexacta que el Tribunal ha hecho de nuestras declaraciones.

1.- Creemos que es inaceptable que el Tribunal haya utilizado de forma parcial y descontextualizada nuestras declaraciones para justificar la exculpación de los tres militares estadounidenses. De la misma manera, no entendemos por qué sin embargo se ha hecho caso omiso al grueso de nuestras declaraciones.

2.- Lo que declaramos en su día ante la Audiencia Nacional coincide plenamente con el testimonio del resto de las decenas de periodistas que se encontraban en el Hotel Palestina el día de los hechos..

2.1. El Hotel Palestina era el centro internacional de prensa en el que nos encontrábamos todos los corresponsales extranjeros que cubríamos la guerra desde el frente iraquí. Una circunstancia que conocían perfectamente los mandos del ejército de los Estados Unidos.

2.2. En el Hotel Palestina no había francotiradores, combatientes armados ni ningún otro tipo de amenaza para las tropas norteamericanas que ese día estaban procediendo a la ocupación de Bagdad.

2.3. En el Hotel Palestina sólo había funcionarios civiles y por tanto no armados del Ministerio de Información Iraquí que controlaban el funcionamiento del centro internacional de prensa

2.4. El 8 de abril de 2003 decenas de periodistas con nuestras cámaras de televisión nos encontrábamos ‘a cara descubierta’ en los balcones del Hotel Palestina grabando las imágenes de los carros de combate norteamericanos que se encontraban encima de uno de los puentes sobre el río Tigris. Estuvimos varias horas grabando a esos carros de combate entre los que se encontraba el que finalmente disparó contra nuestro hotel. Igual que nosotros vimos y registramos sus movimientos durante horas, los ocupantes de dichos carros de combate estuvieron también durante horas observando como decenas de periodistas con sus cámaras trabajábamos en los balcones del hotel.

3.- Con estos datos, en nuestra humilde opinión y reiterando nuestro respeto por la decisión de la Audiencia Nacional creemos que:

3.1. Es insostenible la tesis de que los máximos responsables del Ejército de los Estados Unidos no sabían que el Hotel Palestina era el lugar en el que se encontraba toda la prensa internacional. Un lugar, por tanto, protegido por las convenciones internacionales.

3.2. Es insostenible la tesis de que los militares que se encontraban en el carro de combate norteamericano que disparó contra el Hotel, no supieran que estaban atacando un edificio en el que se encontraban trabajando decenas de periodistas.

3.3. Es necesario que siga adelante la investigación judicial para saber cuáles fueron los motivos que llevaron a atacar el Hotel Palestina y a depurar, en su caso, las responsabilidades penales derivadas de tan execrable acto.

Madrid, 14 de mayo de 2008
Jon Sistiaga, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero y Carlos Hernández

Visto en Radiocable

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Este verano los principales partidos celebrarán sus respectivos congresos para fijar el marco político a seguir en los años venideros. La prensa, como es habitual, se hace eco de lo que vende, el morbo. De ahí que copen las portadas a diario las puñaladas traperas en el seno del PP o la reaparición de Mister Pinza (Julio Anguita) para terminar de cargarse lo que queda de IU.

Pero dejando el morbo de lado, vamos a centrarnos en un congreso en particular, un congreso que fijará las líneas políticas que acometerá el partido que gobierna actualmente España y que está dispuesto a volcar todos sus esfuerzos en trabajar por los intereses de los españoles y afrontar conjuntamente los retos del nuevo siglo.

El Partido Socialista Obrero Español es consciente de que el cambio es la principal fuerza del partido, y también de que el PSOE es históricamente la fuerza política del cambio en España. Por ello, los socialistas tienen la voluntad de seguir sirviendo a la sociedad española desde la vanguardia de las ideas, para mantenerse alerta frente a los nuevos problemas de nuestra sociedad y estar atentos a las nuevas oportunidades para crecer en justicia social y en igual libertad.

El Partido Socialista pretende en este congreso adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas realidades, el PSOE es consciente de que estamos en pleno tránsito entre dos eras históricas. Y este tránsito se manifiesta en tres grandes cambios, que son ya una realidad y que hay que afrontar:

a) El cambio del modelo económico y tecnológico, que modifica la forma de producir y de trabajar.

b) El cambio climático, que pone sobre la mesa la propia subsistencia a medio plazo de nuestro espacio físico.

c) El cambio social y demográfico, que transforma la composición de nuestra sociedad y de nuestras ciudades y exige nuevos modelos de convivencia y nuevas formas de acción política.

Resumiendo, mientras otros juegan al juego de las sillas, el Partido Socialista tiene un plan en marcha, tiene las ideas claras, sabe lo que quiere y a dónde va.

¿Por qué no te sumas al proyecto socialista?

Saludos Progresistas.

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Unas 50 familias de 'indígenas guajajaras', corren peligro inminente de ser atacadas por pistoleros locales presuntamente contratados por madereros ilegales. Los guajajaras viven en una apartada reserva de Araribóia, en la zona centro-occidental del estado brasileño de Maranhão,

El 5 de mayo, dos hombres armados entraron en uno de los poblados con intención de amedrentar a los indígenas y asesinaron a una niña. Según los guajajaras, los hombres formaban parte del grupo que mató a Tomé Guajajara e hirió a otros dos indígenas el 15 de octubre de 2007, cuando 15 hombres armados irrumpieron en la reserva.

Aún no se ha acusado a nadie del asesinato de Tomé Guajajara. Los guajajaras no creen en el sistema judicial y no denuncian los delitos por temor a represalias, ya que no se han tomado medidas para proteger a la comunidad. Según los guajajaras, "matar indios por aquí es como matar un perro: no pasa nada".

Desde hace años, las incursiones de madereros ilegales han provocado conflictos violentos con los pueblos indígenas y graves daños medioambientales, como deforestación, incendios forestales y escasez de agua. El 90 por ciento de las tierras guajajaras están afectadas por la extracción maderera, la caza y la invasión, que ponen en peligro el sustento de los indígenas. Sin apenas presencia estatal, los madereros han tenido libertad para actuar impunemente, sobornando a parte de los indígenas para dividir a las comunidades.

Más información:

ACCIONES RECOMENDADAS:

Amnistía Internacional solicita ayuda para enviar llamamientos, en portugués o en español: (Puedes copiar el siguiente texto tal y como está)...

• expresando preocupación por la seguridad de las familias guajajaras que corren peligro de violencia inminente, y pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de estos poblados
• instando a que los homicidios de M.S. y Tomé Guajajara y las amenazas contra los guajajaras se investiguen de forma exhaustiva y transparente, y a que los responsables de perpetrar u ordenar estos ataques sean procesados;
• expresando preocupación por el patrón constante de acoso e intimidación contra los guajajaras y por la degradación de la tierra provocada por los madereros ilegales;
• instando a las autoridades a cumplir con su obligación constitucional e internacional de mantener la integridad de la reserva de Araribóia, expulsando a los colonos ilegales e impidiendo que continúe la degradación de la tierra;
• pidiendo presencia estatal y servicios básicos para los guajajaras y otros grupos indígenas, para que su vida en la reserva sea viable.

LLAMAMIENTOS A:

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Mientras Canal Solidario publica su noticia 10.000 desde que comenzaron en el 2001, otro de los proyectos hiperactivos de la Fundación Chandra, SolucionesONG, da a conocer 130 subvenciones directas para todas las ONGs.

Enhorabuena por el recorrido informativo manteniendo vuestra línea independiente y por la dedicación al servicio de los demás. Vosotros sí que HacéisFalta.

   

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En los dos debates que tuvieron Zapatero y Rajoy en la pasada campaña electoral no se habló de justicia. Era un asunto desagradable para ambos y no fue aireado por ninguno de los dos. Es verdad que el PP ha bloqueado durante año y medio la renovación del órgano de control de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Pero en los desencuentros entre los grandes partidos sobre asuntos de Estado no se puede descargar de toda culpa a ninguno de los dos. La responsabilidad es del desgobierno de los jueces, o del colapso de la justicia, son repartidas. Alarmado por las declaraciones de un juez de lo penal de Madrid, el CGPJ ha hecho un informe en el que advierte que hay 270.000 sentencias penales sin ejecutar en España. A razón de mil diarias, no se llegarían a aplicar todas ellas en los días laborales de un año. La cifra andaluza es mejor que la media nacional, pero había 45.700 sentencias penales por cumplirse en la región a finales de 2007, un 4,4 por ciento más que un año antes; parece la inflación. La peor provincia en este campo es la de Cádiz, con 13.000 sentencias sin ejecutar; le sigue Málaga con 12.500, Sevilla 7.000, Almería 4.000, Granada 3.500, Córdoba 2.170, Huelva 1.860 y Jaén 1.700, según las cifras oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hay cosas que dejan en evidencia la distancia entre las necesidades de los ciudadanos y la realidad política. Por ejemplo, que en los criterios de valoración del trabajo de los jueces, la clave para la inspección del CGPJ es el número de sentencias dictadas. No las ejecutadas. Así, que uno se imagina a los jueces con ganas de prosperar, juzgando y sentenciando a destajo. Me recuerda los sistemas de control estadístico en los planes quinquenales de la Unión Soviética: la fabricación de ceniceros se contabilizaba al peso y el camarada responsable de cumplir con la planificación centralizada decidió hacer cada vez menos unidades, pero más pesadas. Un sujeto muy cumplidor, que sin duda subió en el escalafón con rapidez.

Pero la justicia no es asunto para hacer bromas: atañe a la libertad de las personas, que es junto a la vida el valor y el derecho principal de los seres humanos. Hizo mucha gracia la reacción de Pedro Pacheco hace más de veinte años, por una sentencia que le era adversa, en un litigio del Ayuntamiento de Jerez contra el cantante Bertín Osborne, por una construcción ilegal. Dijo “la justicia es un cachondeo”, y lo procesaron por desacato; pero ganó el pleito. Pero una cosa es la administración de justicia, que es deficiente, y otra la justicia misma, que es uno de los pilares de un Estado democrático.

Algunas de las reformas  legales que se han hecho recientemente para agilizar la justicia han tenido un efecto perverso. Desde la entrada en vigor de los juicios rápidos en abril de 2003 los jueces de guardia pueden dictar sentencia, por ejemplo, en el caso de un conductor que conducía ebrio. Pero después enviará a un juzgado de lo penal su resolución para que la ejecute. Ese procedimiento acaba generando una gran burocracia: hay que registrar la sentencia, notificarla a Tráfico, comunicarla al conductor, reclamar la multa, verificar los plazos, atender algún recurso si se presenta… y entretanto otras sentencias de casos más graves, sin ejecutarse. Hay una cierta leyenda negra sobre el escaso rendimiento de los funcionarios en general y los de la justicia en particular. Fuentes autorizadas lo desmienten: “hay de todo, pero este es un trabajo desarrollado en general con una gran responsabilidad”.

Un amigo, que es un notable juez, me dice muy seriamente que falta personal en los juzgados. “En la Costa del Sol, por ejemplo, al menos faltan cuatro personas por juzgado; es decir entre un 30 y un 50 por ciento más que la dotación existente”. Falta también que los ciudadanos se den cuenta de que no existe un Estado democrático sin una justicia rápida. Y que lo exijan a los políticos, de la misma manera que se les exige seguridad ciudadana, hospitales, mejor educación e infraestructuras. En fin, hace un año cuando se celebraron las elecciones presidenciales en Francia, en los debates entre Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy no se habló tampoco de la justicia. El que no se consuela es porque no quiere. 

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El caso de Coslada, en el que un cuarto de la plantilla de policía local presuntamente conformaban una banda de extorsionadores capitaneados por el jefe del cuerpo, Ginés Jiménez, comienza a tomar tintes dantescos al salir a la luz informaciones que acusan al delegado del gobierno Aznar de estar en connivencia con esta banda armada de malhechores uniformados.

Según informa la cadena Ser, el capitán de la Guardia Civil, actualmente retirado Antonio Plana, asegura que cuando fue contratado en l999 por el entonces alcalde, el socialista Juan Granados, como director de servicios para controlar al jefe de la Policía Local, se encontró con que sus denuncias al delegado del Gobierno, por aquel entonces Javier Ansuátegui, del PP, para que la Policía Nacional investigase a Ginés, eran ignoradas e incluso Ansuátegui dio orden de no hacer nada.

El ex director de servicios afirma en declaraciones a la Ser que “El delegado del Gobierno en Madrid no ordenaba investigar a la Policía Nacional nada de lo que nosotros les comentábamos. Nosotros incluso hablamos con el fiscal y le dijimos. Mire, este señor va a un accidente y pega a las víctimas, en vez de ayudarles”, sin embargo, todo cayó en saco roto.

Esto empieza a oler muy mal, cuerpos policiales presuntamente convertidos en bandas de extorsión al más puro estilo Al capone, delegados del gobierno que ordenaban no investigar y fiscales que miraban para otro lado.

¿Y Güemes que dice ahora?

Saludos Progresistas.

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Por Carlos Jiménez Villarejo, presidente del Comité de Ética de la Policía de Catalunya (EL PERIÓDICO, 12/05/08):

Las noticias de estos días de que una juez de Barcelona utiliza a los Mossos para investigar a periodistas en su ejercicio de la libertad de información sobre un procedimiento penal, rememora tiempos oscuros que creíamos superados. La pretensión judicial es que los periodistas revelen las fuentes de las informaciones que han publicado sobre un determinado proceso. Según la decisión judicial, los Mossos son meros ejecutores de la investigación que se les ordena, lo que constituye un craso error y desconcierta la conciencia democrática.
La entrada de la publicidad en la justicia penal es necesaria como expresión de la afirmación de la Constitución de que la “justicia emana del pueblo”. El principio de publicidad expresa el derecho constitucional a un proceso público, que incluye tanto el derecho de las partes a que el juicio se celebre ante el público como el derecho de la sociedad a saber cómo se administra justicia. Es una manera de contribuir al control de las actuaciones del poder judicial, además de constituir un derecho fundamental del acusado de tener un proceso público.
En 1994, el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia para evitar la justicia secreta, con un doble objetivo: proteger a las partes frente a una justicia sustraída al conocimiento público y, al tiempo, mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.

LA CONSTITUCIÓN y las leyes dicen que todas las actuaciones judiciales han de ser públicas “con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”. Pero el secreto sumarial, la ocultación temporal de las investigaciones penales, no lo establece la Carta Magna y, por tanto, su aplicación debe hacerse con criterios muy restrictivos, precisamente porque limita derechos fundamentales. La sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 1985, de la que fue ponente Tomás y Valiente, ya fijó un criterio en esa dirección; el secreto sumarial no puede entenderse de manera extensiva, creando una “atípica e ilegítima materia reservada” sobre los hechos acerca de los cuales el juez realiza la investigación. La regla que dispone el secreto de las actuaciones sumariales es una excepción a la garantía constitucional de la publicidad. En consecuencia, no puede suponer una prohibición de informar, sino una mera limitación. El secreto sumarial no significa que uno o varios elementos de la realidad social –los hechos delictivos– sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido del derecho a informarse y del derecho a informar. La regla del secreto, al limitar el conocimiento de las actuaciones procesales, solo pretende “alcanzar … una segura represión del delito”. Por tanto, no puede conducir a una supresión del derecho a la información (artículo 20 de la Constitución) sino someterlo a condicionamientos específicos, como pueden ser los que directamente perjudiquen el éxito de la investigación.
Por otra parte, los destinatarios del mandato de secreto o de la confidencialidad de ciertas actuaciones sumariales no son en ningún caso los periodistas sino los funcionarios públicos, abogados y procuradores, intervinientes en el proceso. Una concepción legal tan draconiana del deber de confidencialidad de las actuaciones sumariales, parece querer sancionar, incluso criminalizar, cualquier información relativa al proceso penal, sobre todo en su fase de instrucción. La juez debería conocer que los periodistas están amparados constitucionalmente por la “cláusula de conciencia” como garantía de su “independencia en el ejercicio de su función profesional”.
Es, pues, plenamente conforme con los presupuestos constitucionales que los medios de comunicación den puntual información del contenido de procesos relevantes para la opinión pública, que solamente pueden haberse obtenido con la colaboración de funcionarios judiciales y de las partes intervinientes. La demanda de información, derecho consustancial de una sociedad democrática, y su compatibilidad con el secreto sumarial, exige que se arbitren definitivamente formas efectivas y transparentes de información procesal que superen el ocultismo de un cierto sector de la judicatura.
En este sentido, debe recordarse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de enero de 1995: “El secreto de las diligencias sumariales tiene como finalidad primordial conseguir la máxima eficacia de todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio. Y nadie más calificado que el juez y el fiscal que instruyen las diligencias para saber cuáles hay que mantener secretas, cuáles pueden ser conocidas por la opinión pública e incluso cuáles conviene que sean publicadas porque su conocimiento puede facilitar la colaboración ciudadana”.

EN LA MISMA línea, este tribunal sentenció en mayo del 2001: “Al delito de revelación de secreto, relacionado con la difusión del contenido de actuaciones procesales, se le debe dar un contenido restrictivo … Como se viene diciendo por esta Sala, queda relativizado el carácter secreto de las actuaciones de investigación judicial”. Es la única vía aceptable para encarar el problema desde el rigor profesional y la lealtad democrática, es decir, el respeto a la opinión pública como una de las expresiones de la soberanía nacional.

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Etiquetas: justicia, libertad expresion

SANTIAGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, informó ayer aquí que su candidatura saldrá airosa en las elecciones del próximo viernes y que tan pronto asuma al Gobierno desarrollará programas de emergencia a corto y mediano plazo, para abaratar los precios de los alimentos, las medicinas y otros artículos. (more…)

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Lanacion.cl 

Sábado 10 de mayo de 2008   

 El Ejecutivo confirmó que se presentará un recurso de nulidad tras el fallo del Ciadi. "No es un problema de dos lucas más o cinco lucas menos", dijo el ministro Vidal, pese al riesgo de ir a un juicio que se puede extender por dos años y que podría resultar más caro para el Estado que pagar los US$16,6 millones fijados de indemnización.

  Una cuestión de principios es para el gobierno su  estrategia de buscar la nulidad del fallo del Ciadi que obliga a pagar a Joan Garcés y Víctor Pey una indemnización de US$16,6 millones, por la expropiación del diario Clarín a manos de la Junta Militar en 1973.

El concepto fue utilizado tanto por el ministro de Economía, Hugo Lavados, como por el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, para explicar la toma de posición del Ejecutivo. “Un punto fundamental para el gobierno de Chile es que los principios son lo más importante”, dijo Lavados.  

El titular de Economía explicó que “vamos a recurrir con el recurso de nulidad, lo que significa impugnar el fallo", pese a que admitió que se corre el riesgo de ir a un juicio que se puede extender por dos años más y que podría resultar más caro para el Estado que pagar la cifra de la condena.  

Pero esto no inmovilizará al gobierno, según las palabras del vocero Vidal. “No es un problema de dos lucas más o cinco lucas menos”, espetó. “Cuando uno está convencido de un concepto, de un principio, esto independientemente de los dólares, sean 500 o sean los que fueron, la decisión del gobierno es pedir la nulidad, porque no está de acuerdo con el juicio, no está de acuerdo con el concepto”, remarcó.

"El tema de lo que sale un poco más barato o un poco más caro no es la consideración más importante", aseguró a su turno el titular de Economía, quien explicó que en este caso el Gobierno está defendiendo dos ideas fundamentales.

 "Un principio es que una persona que tiene la ciudadanía chilena (Víctor Pey), no puede plantearse como inversionista extranjero; un segundo principio es que no puede existir retroactividad respecto de distintas normas o convenios internacionales firmados. El tema es que uno recurre de un fallo de los tribunales, porque considera que no es correcto, que es injusto o que es erróneo. Si no existiera esa convicción no se plantearía el recurso", aseveró  

El plazo para presentar el recurso ante el Ciadi es de 120 días, y un acuerdo extrajudicial se ve lejano. “Las probabilidades de transar en este momento no las divisamos dad la manera cómo se ha llevado adelante el juicio y los argumentos que ambas partes, particularmente los demandantes han entregado”, dijo Lavados.

LEA ADEMÁS:

Herederos de Volpone: “Nos gustaría joderle la pita a Pey”

La inminente reaparición de “Clarín”

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Según informa el diario El País, durante casi dos años el Hospital 12 de Octubre de Madrid ha estado luchando contra una bacteria multirresistente a los antibióticos que ha causado la muerte directa a 18 pacientes y ha sido un factor contribuyente en otros 83 fallecimientos.

El brote letal tardó 20 meses en ser erradicado, mientras los usuarios de este hospital acudían como corderos al matadero sin ser alertados del riego que corrían.

Ante este hecho tan grave del que nos enteramos por la prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la Fiscalía General del Estado investigará las 18 muertes registradas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital 12 de Octubre.

El Partido Popular, lejos de pedir explicaciones a su consejero de sanidad que está muy ocupado crispando en el caso de Coslada, desvía goles como siempre, y a través del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y senador por Madrid, Antonio Beteta, acusa al Gobierno de “utilizar” a la Fiscalía General del Estado indebidamente en este caso.

La sanidad pública madrileña ha caído en un pozo sin fondo en el que será difícil de salir si no se le retiran inmediatamente las competencias al gobierno autonómico. Se ha implantado el “quien quiera sanidad que se la pague” y la sanidad pública empieza a asemejarse a aquella figura existente durante el franquismo llamada Beneficencia, destinada a los indigentes y personas excluidas de la sociedad.

Por supuesto que tiene que intervenir la fiscalía, el defensor del pueblo y el Gobierno de la Nación si hace falta.

Saludos Progresistas.

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