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Gustavo Vidal Manzanares

El Plural.com  8/09/08

Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.

Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)

El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.

Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente.

Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente. Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?

Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.

No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.

Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.

Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de “pasado”

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Con la solemne afirmación del rechazo total formulada en latín non possumus, (no podemos), la Iglesia católica ha expresado en muchas ocasiones su distancia y su rechazo de situaciones civiles radicalmente innegociables. Es el no de Clemente VII a Enrique VIII para divorciarse de Catalina de Aragón, el de Pío IX que se opuso a devolver a un niño judío a su familia en el terrible caso Mortara, o todos los non possumus del siglo XIX frente a la modernidad.

Esta tajante negativa ante situaciones sociales y humanas supone desde el punto de vista de la Iglesia la existencia de unos espacios exentos, de unas zonas inmunes, de unos cotos vedados reservados a su decisión, donde el poder soberano no puede entrar ni resolver. Para la Iglesia es el límite de la democracia que choca con su ética de la verdad. Es también intelectualmente el límite para el siglo de las luces y de su idea del hombre centro del mundo y centrado en el mundo.

La Iglesia reclama un derecho de veto frente al contrato social, a los acuerdos de las mayorías, y la idea de soberanía popular. Son los signos más evidentes del carácter antimoderno de la Iglesia católica que quisiera para sí lo que está institucionalizado en países como Irán, donde un poder religioso está por encima del poder de un presidente de la República elegido por sufragio. ¡Quién iba a decir a la Iglesia de Lepanto que envidiaría con el paso del tiempo a las estructuras jurídicas de sus enemigos ancestrales!

No sólo el Vaticano ni el Papa, también la Iglesia institucional española ha repetido en innumerables ocasiones que es depositaria de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular. También algún arzobispo ha recordado no hace mucho a un congreso de laicos que no son de este mundo, resucitando la vieja idea de san Agustín de las dos ciudades, la de los justos y la de los pecadores.

Desde esas coordenadas intelectuales antimodernas que desconfían del impulso social y político desde la idea un hombre un voto, se puede afirmar la difícil coexistencia y la más difícil lealtad de la Iglesia con la democracia, que no actúa desde la ética de la verdad sino desde la difícil ética que se mueve entre la dialéctica de dudar y decidir.

Por eso está justificado desde el lado de la democracia, en la cultura jurídica y política moderna, poner límites a la soberbia pretensión de la Iglesia de tener la última palabra en el ámbito público y señalar las incompatibilidades radicales de su visión premoderna del mundo y de la vida, desde un non possumus laico y secularizado frente a los abusos eclesiásticos. También frente a esa laicidad "descafeinada" que pretende la convivencia del pluralismo y de la neutralidad del Estado con privilegios y con una situación de diferencia con las demás religiones, en base a una "realidad social" mayoritaria, de su función nacional y de su influencia sobre la cohesión de España.

El principio de la Paz de Augsburgo -cuis regio euis relegius- como forma transitoria para que el poder político, en cada caso, decida sobre la religión de su pueblo, hasta la proclamación de la paz religiosa y de la tolerancia del Tratado de Westfalia se transformaría hoy para estos eclesiásticos resistentes en cuius religio ius et regio.

Frente a toda esa cultura institucional católica que niega la modernidad, es necesario ese non possumus, para señalar lo que desde la cultura democrática no se puede aceptar de las posturas de la Iglesia.

Son todos aquellos comportamientos que llevan a la conclusión de la incompatibilidad de la Iglesia con la democracia, pese a la solemne declaración de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, hoy abandonada en la práctica.

No podemos olvidar las bases de nuestra convivencia, la tolerancia, la libertad, la igualdad, el respeto a la conciencia individual, el pacto social, el constitucionalismo, la separación de poderes o los derechos humanos rechazados reiteradamente por la doctrina de la Iglesia en el siglo XIX y también después, casi hasta nuestros días. La Iglesia católica se siente incómoda en un escenario que contempla desde su verdad y desde una idea del bien incompatible con cualquier punto de vista que no lo acepte.

Ante ese panorama no podemos asumir la idea de que la Iglesia es el puntal ético para fundamentar a "estas sociedades desmoralizadas y desorientadas", ni que es poseedora de un patrimonio de verdades últimas sobre el ser humano que condicionan la democracia.

No podemos tampoco aceptar el rechazo de la laicidad que es la esencia de la democracia moderna, con igual trato a todos los ciudadanos. No podemos facilitar la presencia de símbolos religiosos que discriminen a las demás religiones, ni tampoco equiparar a las autoridades eclesiásticas con las civiles ni podemos escenificar alianzas excluyentes y discriminatorias en la necesaria cooperación con las iglesias, ni basar el orden público en la moralidad de una sola religión ni aceptar un vínculo sustancial previo de una concepción del bien que limite la soberanía del Estado.

Tampoco podemos aceptar que problemas éticos sean decididos por la Iglesia, sin perjuicio de regular en su caso la objeción de conciencia y siempre respetando su libertad de expresión, en temas como el matrimonio, las relaciones familiares, la investigación científica, sobre la forma de acabar las vidas indignas y de imposible recuperación.

No podemos aceptar límites a la libertad y al pluralismo desde una verdad que se esgrime dogmáticamente, ni acusaciones de relativismo a una realidad que tiene sólidas raíces históricas desde la recuperación de la luz por los seres humanos en la Ilustración, fuente última de la autodeterminación individual y de la democracia.

No podemos aceptar la tesis de la esencia católica de la identidad nacional ni confundir ciudadanos con creyentes. Es el rechazo de los reduccionismos simplificadores de la identidad como hecho histórico incontrovertible, de la historia de Europa con el cristianismo y del cristianismo con la Iglesia católica. No podemos tampoco aceptar su acrítica inocencia histórica con la que afronta sus errores, sus desviaciones o sus graves ataques a la dignidad humana, ni tampoco la consideración como inferiores de todos sus interlocutores en los planos moral y racional, incluyendo a las máximas autoridades civiles representantes de la soberanía popular.

Finalmente, no podemos aceptar la postura de la Iglesia respecto a la democracia ni que nunca la haya reconocido como el único régimen legítimo, ni la consideración del relativismo como un mal puesto que es expresión de la libertad de conciencia y del respeto a la autodeterminación, expresión de la dignidad humana. ¡Non possumus! No podemos si queremos ser dignos de respeto.

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La beligerancia contra el recuerdo de los horrores del franquismo no es sólo de la derecha política; es compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia y del estamento judicial

 EL PAÍS, 7/08/08 

Manuel Rivas

Pisábamos la escarcha, los campos helados, la grafía fosilizada de la hierba. Camino de la escuela. Aquella noche, la brigada político-social se había llevado detenido a un joven cristalero, Manuel Bermúdez, alias Chao. Estamos en 1964. Bombardeados por la campaña de 25 años de paz. "¿Por qué se lo llevaron?", pregunté a Domingo, que vivía en la casa más próxima. Miró hacia los lados, dudó y me dijo en voz baja: "No se puede decir".

"No se puede decir". Para mí, esa frase es un documento fundamental sobre la Justicia de esa época. Contiene tanta información como los preámbulos de las leyes del franquismo. Por cierto, esos preámbulos son el mejor relato del régimen totalitario hecho por sí mismo, la plasmación de esa misión histórica definida por el dictador, el 20 de mayo de 1939, una vez alcanzada la victoria militar: "Desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia". El "no se puede decir" de mi amigo, aquella mañana en que pisábamos la escarcha camino de la escuela, lo he ido asociando al título del grabado de Goya: No se puede mirar. La memoria activa, libre, es imprescindible para superar esa dramática escisión que marca nuestra historia, entre la grandilocuencia lesiva de "lo que se debe decir", "lo que se debe ver", y la dolorosa amputación de "lo que no se puede decir" y "no se puede mirar".

¿Por qué despierta tanta hostilidad la memoria histórica en la derecha española? Creo que es una pregunta que concierne a todos, pero especialmente a quienes se sitúan en esa órbita ideológica y política. Esa derecha que gira al centro, que no quiere que ningún votante la vuelva a rechazar por miedo (Mariano Rajoy dixit), que se pretende homologable con los gobernantes franceses y alemanes, que sí asumen la memoria de la resistencia antifascista, esa derecha tan justamente comprometida con la memoria de las víctimas del terrorismo político en el País Vasco, ¿por qué hace una excepción con la dictadura franquista, una de las más crueles y prolongadas de la historia?

En Compostela todavía se conserva alguna imagen del Santiago guerrero, espada en ristre. Allí recibió Franco de la jerarquía católica una espada para la "santa cruzada". Pero hay también en la catedral compostelana una espléndida imagen en granito policromado de San Miguel con su balanza para pesar las almas. La manera de pesar la historia, esa historia tan reciente, no puede ser tan arbitraria que pretenda equilibrar la espada con un fardo de olvido. ¿Cuánto pesa ese pasado, la substracción colectiva de la libertad durante casi medio siglo? ¿Nada? ¿Ni un escrúpulo?

Reconocer el dolor, desde siempre, es una exigencia para curar las dolencias. De hecho, la insensibilidad al dolor es un aviso o manifestación de corrupción en el cuerpo humano. Para Hipócrates y Galeno, la capacidad de enfrentarse al dolor era también una medida de inteligencia.

Hasta ahora, la exploración del mapa del dolor, los trabajos de exhumación de desaparecidos, las movilizaciones para retirar la simbología ominosa de los amigos de Hitler y Mussolini, las iniciativas para alumbrar zonas ocultas del thriller franquista, las investigaciones para aclarar expolios o apropiaciones de dudosa legalidad que se mantienen vigentes, como es el caso del Pazo de Meirás, no han sido obra de la Justicia, sino el fruto de un trabajo ímprobo, tenaz, a contracorriente muchas veces, de un concierto cívico de conciencias que han dado forma en España a lo que podríamos llamar "la voz de Antígona". La Antígona de Sófocles que desobedece la imposición injusta de Creonte, y la Antígona resistente de Jean Anouilh, en la que Creonte era un trasunto de Petain.

Creonte: Tienes que saber que jamás el enemigo, ni aún muerto, es amigo.

Antígona: Tienes que saber que nací no para compartir con otros odio, sino para compartir amor.

Creonte: Entonces ve allá abajo y, si tienes que amar, ámalos a ellos (a los muertos), que, mientras viva, en mí no ha de mandar una mujer.

¿En qué consiste hoy la herencia de Creonte? Es esa voz, también concertada, que ante la Antígona española, un día le dice displicente: "¿Para qué andas removiendo los huesos?". Otro día: "¿A quién le importa esa zarandaja de la memoria histórica?". Y al siguiente, aunque estemos hablando de asesinados y de familias que quieren darles sepultura honorable: "Para eso, ni un duro".

Somos lo que recordamos. El olvido que seremos. Por un lado, la potencia genésica de la memoria, de Mnemósine, la madre de las nueve musas. Por otro, la constatación de que la historia de la humanidad es una dramática historia del olvido. Y Clío, la pobre, la más indolente.

¿Por qué es, o puede ser, tan importante la literatura para la historia? La mirada del relato histórico, en sus versiones dominantes, es depredadora, carnívora. Quiere conquistar, imponerse. Por el contrario, la memoria literaria es la de un ser rumiante, donde fermenta lo interno y lo externo, lo vivido y lo imaginado, la razón y la emoción. Es una mirada que nos permite ver la historia humana desde un "presente recordado". La memoria de Antígona se desplaza hacia delante. El olvido intencionado de Creonte a la larga se convierte en una tara colectiva. De todos los detectives, el mejor de la historia es Freud: "Censurar un texto no es difícil, lo difícil es borrar sus rastros". En Las huellas de la memoria, Enrique Carpintero y Alejandro Vainer, expertos en el campo de la salud mental, utilizan dos expresiones complementarias para explicar la necesidad social de la lucha contra el olvido. Se trata, a la vez, de "construir el pasado" y "abrir el porvenir".

Hay un concepto en neurología que se utiliza para definir la pérdida de recuerdos anteriores al momento en que se produce un daño en el hipocampo. Es lo que se denomina amnesia retrógrada. La asunción militante de una amnesia retrógrada por parte del gran espacio conservador ha tenido, por desgracia, un relativo éxito. La amnesia retrógrada no ha sido sólo una posición de líderes políticos derechistas, sino que ha sido compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia e incluso del estamento judicial.

Hago esta última afirmación porque resulta muy llamativa, y creo que históricamente dolorosa y escandalosa, la "suspensión de las conciencias" que prevaleció muchos años en la Justicia hacia la represión y los horrores del franquismo. Una cosa son las amnistías y otra las absolutas amnesias históricas. Creo que esa posición de amnesia retrógrada, la beligerancia contra el proceso de memoria histórica, la oposición tan grosera a la exhumación de los restos de los desaparecidos en la guerra y la posguerra, el desinterés hacia los exilados o la indiferencia en la honra a los luchadores de la resistencia o a los muertos en los campos de exterminio nazis, todo esto no ha aportado desde luego nada positivo al país, pero tampoco al campo político e intelectual que ha mantenido esa mentalidad de "amnesia retrógrada". La derecha renovada debería dar ese paso moral de despegarse definitivamente del complejo de Creonte.

Los que militan en la amnesia retrógrada limitan su campo de olvido a la zona de sombra o área de ceguera del franquismo. Paradójicamente, muchos de esos activistas de la amnesia en lo que afecta al período dictatorial, remueven con entusiasmo el pasado para reivindicar, por poner algunos ejemplos, las esencias del nacional-catolicismo en el campo educativo, la vigencia de un rancio discurso tutelar respecto de América Latina, un permanente estado de sospecha hacia el sistema autonómico y la riqueza plurilingüe, por no hablar de la añoranza de los Reyes Católicos o del reino visigodo anterior al 711. ¡Eso sí que es saudade!

La democracia tiene que asentarse en una memoria democrática. El paso dado por el juez Baltasar Garzón, un referente internacional de integridad, con su solicitud de información a los ministerios de Defensa e Interior y a las asociaciones que trabajan por la reparación histórica puede significar un giro decisivo. Después de la contienda, miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos hechos desaparecer sin que esos crímenes se investigaran jamás. La dictadura llevó adelante una "Causa General" cruel e implacable, castigando incluso conductas legales anteriores a la guerra. Fue, esa dictadura, un prolongadísimo estado de excepción. Negando esa evidencia, presuntos historiadores, que violan a Clío en cada página, convierten en propaganda odiosa la herencia de Creonte. Por eso, para construir el porvenir, es tan importante que la Justicia en España escuche al fin la voz de Antígona.

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